Operación policial contra la mafia de Sergio Blasco en el Hospital General de València

Hospital General Valencia

Una nueva operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) golpea, una vez más, a la familia de Rafael Blasco, el siete veces conseller condenado por el desvío de ayudas destinadas a proyectos de Cooperación. El dispositivo policial, que coordina la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado de Instrucción número 6 de Valencia, se saldó con nueve detenciones, entre ellas empresarios y dos sobrinos del exdirigente popular. Se trata de Sergio Blasco, exgerente del centro hospitalario y su hermano, Francisco Blasco. Ambos son hijos de Francisco Blasco, un histórico del PSPV que ocupó la alcaldía de Alzira y la presidencia de la Diputación de Valencia.

La UDEF apunta a un entramado empresarial cuyo objetivo supuestamente era beneficiarse de las cuantiosas adjudicaciones del ámbito sanitario. La denuncia partió de Esquerra Unida (EU) en 2014. La formación trasladó a la Fiscalía de Valencia tres asuntos con graves irregularidades. Uno de ellos es la adjudicación al empresario de Alzira Augusto Tauroni por dos millones de euros del plan de choque del Abucasis, una aplicación informática que gestiona las citas y los expedientes médicos. Este asunto, en el que también está imputado Rafael Blasco, sigue adelante en un juzgado. La otra denuncia estaba relacionada con la construcción de varios hospitales en Perú exportando el modelo Alzira de sanidad público-privada. Para ello habría contado con los servicios de varias empresas españolas que han recibido adjudicaciones de la Generalitat y con la Fundación del Hospital General «como pantalla». Estas pesquisas se archivaron.

La denuncia aludía a que las empresas Out-Log, Mantenimientos Integrales Turia, Cyomed Levante SL y Connectall Systems SL recibieron numerosas adjudicaciones públicas de la Conselleria de Sanidad, el Consorcio Hospital General Universitario y la Diputación de Valencia desde 2001 y hasta 2012, por mantenimiento y limpieza y posteriormente por cuestiones más especializadas.

Al parecer, uno de los nombres clave en toda esta historia es Francisco José Escandell Vila, el supuesto testaferro de la trama en el organigrama facilitado por EU. Él, junto a Miguel Sanfélix, está vinculado con numerosas sociedades dedicadas al mundo de la gestión sanitaria y hospitalaria. O bien administra las sociedades o figura como apoderado o accionista, en ocasiones, incluso a través de las mercantiles.

La supuesta red pivota en torno a Sergio Blasco, quien en su día ya se vio obligado a dimitir tras saltar este escándalo a los medios de comunicación. Este sobrino de Blasco, con un curriculum en apariencia envidiable, fue director económico del Hospital General y está en la Gerencia del Consorcio Hospital General desde su creación, en 2002. Además, sus vínculos familiares se completan con su mujer, que es una de las hijas del primer matrimonio de Consuelo Císcar.

Vinculaciones directas

Las sociedades del presunto testaferro mantienen relaciones societarias con otras firmas vinculadas de manera más directa a la familia Blasco. Por ejemplo, así ocurre con Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo SL que, de acuerdo con los datos del Registro Mercantil, fue vendida el 14 de mayo de 2012 a Francisco José Blasco Perepérez, «presumiblemente hermano de Sergio Blasco», según la denuncia.

A partir de ahí, existen una serie de conexiones con varias empresas vinculadas al negocio sociosanitario y localizadas en Alzira, como que Francisco José Blasco figuraba también como administrador de Solana Cantal Gros, donde un hermano del exconseller Blasco era apoderado y Gisela Blasco Perepérez, exedil de Gandia, fue administradora única y «al parecer, en febrero de 2007 adjudicó la asistencia telefónica del municipio» a una empresa relacionada con el caso Cooperación.

La relación llegaba hasta Sanygestión 2012 SL, donde aparecía Francesc Manel Blasco Tello, sobrino a su vez de Sergio Blasco y que hizo un trabajo universitario de carácter académico precisamente sobre la empresa Out-Log SL, una de las principales beneficiarias de la trama. La diputada de Esquerra Unida Rosa Pérez indicó que en el último informe de la Sindicatura de Comptes «determina que esa empresa no podía ser contratista», puesto que la ejecución de obras y su gestión no coincidían con su objeto social. Asimismo, en ese mismo informe «resalta que se detectan un total de 654.167 euros en pagos no justificados a esa empresa por parte del Consorcio del Hospital Provincial».

Según los denunciantes, el montante de las adjudicaciones ascendía a 29,4 millones de euros, los principales, de 18,8 y 10,5 millones de Sanidad a Out-Log, con fechas 2010 y 2007, para la gestión del servicio público mediante concesión, en el primer caso, de la logística del Departamento de Salud Valencia La Fe, en el antiguo y nuevo centro, y el servicio integral de logística para el Hospital General y el área de influencia.

Otro de los indicios que manejan los investigadores es que algunas de las mercantiles compartieron el mismo domicilio social, localizadas principalmente en la localidad de Alzira. De hecho, en la tarde de ayer, agentes de la UDEF -una unidad de Madrid se encarga de la investigación- continuaban registrando sedes en la capital de La Ribera Alta. El municipio se ha visto empañado por la lacra de la corrupción desde que estallara el caso Cooperación. La amistad del empresario Augusto César Tauroni se cimentó en esa localidad. Todos ellos, los integrantes de la familia Blasco y el empresario Escandell comparten -o compartían- amistad en redes sociales en el momento de la denuncia.

Se da la circunstancia además de que una de las mercantiles investigadas en este asunto también apareció en los papeles del caso Imelsa, el asunto central de corrupción de los últimos años en la Comunitat. Se acusaba a la empresa de ser una de las financiadoras del Olimpic de Xàtiva a cambio de recibir dinero de la empresa pública Imelsa por servicios, en teoría, ficticios. No obstante, estas pesquisas se archivaron.

Varios de los detenidos fueron conducidos ayer a la Jefatura de Policía Nacional. Se desconoce si se acogieron a su derecho a no declarar o si trataron de aclarar a los agentes las extrañas relaciones entre estas mercantiles. En las próximas horas, presumiblemente hoy, pasarán a disposición judicial. Allí serán interrogados por el titular del juzgado de Instrucción 6 de Valencia y por un responsable de la Fiscalía Anticorrupción.

El exconseller Rafael Blasco cumple seis años y medio de condena en la prisión de Picassent. Desde hace meses, baraja la idea de pactar con las acusaciones, aunque las negociaciones no acaban de fructificar. El más avanzado, en este sentido, era la confesión de Augusto César Tauroni. Una operación como esta, en la que prácticamente toda la familia aparece señalada, y la otras pesquisas abiertas por el caso IVAM, puede dificultar notablemente cualquier tipo de acuerdo.

(“Las Provincias”).

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