ALERTA CIUDADANA: Los ojos que nos vigilan

Foto comisario horizontal

En la sociedad que vivimos hay ocasiones en las que la vida de los ciudadanos debe sufrir la merma de algunos derechos para permitir el disfrute de otros derechos mas importantes con mayor plenitud. Así sucede en los casos en los que el derecho a la imagen personal y la intimidad se ve afectado por la existencia de cámaras en lugares públicos o en establecimientos privados, en aras a poder ejercer con mayor intensidad los derechos de seguridad y libertad.

Las cámaras de vigilancia se han consolidado como una herramienta muy eficaz para prevenir delitos, pues su sola presencia ya disuade a los delincuentes, pero además proporciona a los Cuerpos de Seguridad las pruebas de infracciones penales o administrativas que aseguran una condena o una sanción. Por ello la videovigilancia es una práctica muy extendida en nuestra sociedad.

No obstante la captación de imágenes y/o su tratamiento y archivo con fines de vigilancia es una práctica que debe estar regulada para evitar excesos y su regulación compete al Estado, quien ha legislado sobre el tema: por un lado está la Ley 15/1999, de Protección de Datos Personales, de otro está la Instrucción 1/2006 sobre Videovigilancia Privada y para finalizar tenemos la Ley 4/1997 que regula el uso de Videocámaras por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

La Videovigilancia Privada persigue garantizar la seguridad de los bienes y las personas, o se utiliza en entornos empresariales con la finalidad de verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales. Ambas finalidades constituyen bienes valiosos dignos de protección jurídica, pero sometidos al cumplimiento de ciertas condiciones ya que cuando su uso afecta a personas identificadas o identificables esta información constituye un dato de carácter personal protegisos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de los Datos de Carácter Personal (LOPD).

Puestos estos prolegómenos, el ciudadano debe saber cuales son los requisitos que deben cumplir las cámaras que se encuentra en los espacios privados y en los públicos y como recurrir en caso de que su imagen esté siendo tomada de modo ilícito. La instalación de cámaras en comercios, y otros lugares no públicos debe reunir los siguientes requisitos:

  1. Deben ser instaladas por una empresa autorizada por el Ministerio del Interior.

  1. Debe de informarse al público mediante la colocación de carteles oficiales en los que figure la advertencia de que “la zona está vigilada por cámaras”.

  1. Deben de tener a disposición del público impresos en los que se informe de la finalidad de la grabación, quien es el titular de la autorización y de que el ciudadano puede pedir la rectificación o borrado de las imágenes y la dirección del titular del fichero donde se guardan.

  1. Los datos captados, en caso de que se tenga autorización para almacenarlos, deben ser borrados en el plazo de un mes; a no ser que contengan imágenes susceptibles de servir como prueba por la comisión de alguna infracción penal o administrativa, en cuyo caso se pondrán a disposición de la autoridad correspondiente, judicial o administrativa.

  1. El titular de la cámara y/o del fichero debe responsabilizarse del mismo y no permitir ninguna filtración, lo grabado por las cámaras debe ser secreto y sólo las personas autorizadas pueden visualizar lo grabado.

  1. El organismo responsable de otorgar los permisos, llevar un registro de ficheros con imágenes y de sancionar en caso de infracción a la Ley 15/1999 es la Agencia Española de Protección de Datos, organismo independiente del Estado Español.

  1. No se aplica esta ley a las imágenes tomadas en el ámbito personal y doméstico, por ejemplo una celebración familiar como una boda; ni tampoco se a las imágenes tomadas por los medios de comunicación en el ejercicio legítimo de su derecho constitucional a informar.

  1. Tampoco se aplica esta Ley a las cámaras fijas colocadas por los CC y FF de Seguridad en sus cuarteles, comisarías, etc. Ni a las cámaras portátiles que utilizan los agentes para documentar la comisión de delitos o infracciones (por ejemplo cuando se graba una infracción de tráfico o los desórdenes públicos causados en una manifestación). Estas grabaciones se rigen por la Ley específica ya nombrada 4/1997.

En caso de que una empresa infringiera las anteriores obligaciones los ciudadanos podrían dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos personales y comunicar lo que a su opinión es una infracción. También pueden recabar la presencia de la Policía Nacional, la cual levantará acta de la presunta infracción y la enviará a la A.E.P.D. En caso de que la agencia citada encontrara infracción podrá imponer sanciones, que pueden ser muy graves, graves o leves, oscilando las multas entre 900 y 300.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Agencia Española de Protección de Datos
C/ Jorge Juan, 6
28001-Madrid

teléfono 901 100 099

 

 

*Con la colaboración de Armando Jiménez, comisario jefe del Cuerpo Nacioanl de Policía de Gandia.

 

 

 

 

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